Las costas judiciales en la jurisdicción social están reguladas por la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social. Se entiende por costas los gastos procesales como consecuencia del inicio del procedimiento y están claramente definidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dichos desembolsos no son necesarios en la jurisdicción social, ya que incluso el trabajador puede presentarse por sí mismo. Sin embargo, en algunos casos puede haber imposición de costas.
La transgresión de la buena fe contractual es la incorrección o incoherencia en la conducta de una de las partes de un contrato, que implica la vulneración de su naturaleza y usos. Desde el punto de vista laboral, es una de las causas de despido disciplinario, pero se deben cumplir ciertas condiciones.
La indemnización por despido varía en función de la modalidad de despido que practique la empresa. Si se trata de un despido objetivo, le corresponden al trabajador 20 días de salario por año trabajado.
En caso de que el despido sea disciplinario o se trate de un despido objetivo impugnado por el trabajador y declarado improcedente, la indemnización será de 45 o 33 días por año trabajado.
A continuación explicamos de forma concreta y exhaustiva qué cálculos se deben realizar para obtener el importe de indemnización.
El Estatuto de los Trabajadores define las horas extraordinarias en el artículo 35 como aquellas horas de trabajo que se lleven a cabo sobre la realización de la jornada ordinaria de trabajo.
La instancia de conciliación previa al juicio en ciertos casos es obligatoria para el trabajador, pero no para la empresa. La no concurrencia del empleador a los actos de conciliación o juicio laboral no invalida el procedimiento, pero puede sentar un precedente contra la empresa.
Los salarios de tramitación son la cuantía a la que tiene derecho un trabajador despedido cuyo despido ha sido declarado nulo o improcedente, en caso de readmisión al empleo. Corresponden a los días transcurridos entre el despido y la notificación de sentencia, aunque se deben considerar casos especiales y se calculan sobre la misma base que el salario. Pueden reclamarse desde la fecha de la sentencia.
La papeleta de conciliación es un documento administrativo mediante el cual el trabajador despedido solicita, ante el servicio correspondiente, una resolución del conflicto previa a la vía judicial.
Si se dan las causas de despido improcedente, el trabajador debe impugnar el despido y reclamar la cantidad adeudada, que variará si se reclama la reposición en el puesto de trabajo o el empleador decide extinguir la relación laboral. La solicitud de conciliación mediante la papeleta es un trámite obligatorio y requisito para la iniciación de una demanda. Se deben tener en cuenta los plazos, ya que suspende los de caducidad e interrumpe la prescripción.
La movilidad funcional es uno de los supuestos de modificación sustancial de las condiciones laborales. Resulta de una decisión unilateral del empleador y consiste en asignar al trabajador tareas o funciones diferentes a las que se establecieron originalmente en el contrato de trabajo.
Las causas para que el empleador pueda llevar a cabo la movilidad funcional deben ser varias, aunque tienen que estar justificadas y respetar los derechos básicos de los trabajadores. Esta situación se encuentra regulada por el Estatuto de los Trabajadores y puede dar lugar a solicitudes de reajuste salarial o, en caso de desacuerdo, presentar una solicitud de conciliación y si esta no es positiva, una demanda ante el juzgado de lo social.
Cuando se acerca el mes de agosto, la ansiedad y la actividad aumentan en el sector de los profesionales jurídicos. Todo el mundo se prepara para las vacaciones y los abogados tenemos poco tiempo para atender a lo que no sea urgente. Agosto es un mes de descanso de jueces, secretarios, fiscales y personal judicial, en general. Se baja la actividad en los juzgados y solo se realizan algunas tramitaciones especiales, que la ley detalla y recoge.
Esta bajada de actividad de agosto está establecida en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que: "Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales (…)".
Pero en el ámbito del derecho laboral no es siempre el caso, siendo agosto un mes hábil para determinados procedimientos.
En este artículo los analizamos.
La concurrencia desleal es la situación que se produce cuando el trabajador hace la competencia a la empresa para la que trabaja de manera desleal, trabajando de forma simultánea en otra empresa o por cuenta propia a la vez concurriendo con la actividad básica de la empresa donde trabaja, sin el permiso expreso de esta.
